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La cuenca del Río Ranchería y sus Comunidades

El río Ranchería se caracteriza por ser la fuente de agua más importante en el departamento de La Guajira, jugando un papel determinante para el mantenimiento de los servicios ecosistémicos en su cuenca, sirviendo además como fuente de agua para el desarrollo de actividades domésticas, recreativas, culturales, espirituales, agropecuarias e industriales.  Según las proyecciones poblacionales del DANE para 2016, se deduce que son aproximadamente 450.000 personas que dependen directa e indirectamente de las aguas que provee su cuenca. Aquí encontramos a las comunidades étnicas que dependen de la cuenca del río Ranchería para su supervivencia.

Desplazamientos "con todas las de la ley"

Tabaco y Tamaquito, dos comunidades entrelazadas en la convivencia. Sus actividades sociales y económicas iban casi que de la mano. Sin embargo, Tabaco estaba dentro de los territorios de exploración y explotación de Carbocol e Intercor, hoy Cerrejón. Según sus pobladores, en 1999 la empresa los engañó y amenazó para salir de sus hogares, so pena de expropiación efectiva. De 400 familias que formaban la comunidad, quedaron cerca de 150 que se las vieron con la fuerza del Esmad tres años después.

Para Tamaquito, las formas del avance minero los llevó a tomar la decisión de reasentarse para poder sobrevivir. Sabían que, por donde se le viera, la mina estaba rodeándolos.

En 2008, un panel de expertos le indicó a Cerrejón que su deber era entrar a negociar con las comunidades, pese a tener el aval de los gobiernos nacionales para hacerse con las tierras. Pero el daño y estaba hecho: La conexión territorial ya estaba truncada. Hoy, el nuevo Tamaquito se encuentra a pocos kilómetros de la cabecera municipal de Barrancas; y la gente de Tabaco, en su mayoría asentados en Hato Nuevo, esperando a que Cerrejón y autoridades cumplan con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, aquella que ordenó reubicarlos que hace 17 años.

TESTIGOS DEL INCUMPLIMIENTO

Las comunidades afrodescendientes de Roche, al igual que sus pares de Chancleta, Patilla y Las Casitas, fueron en su mayoría reubicadas en el municipio de Barrancas. El diseño de los reasentamientos que entregó Cerrejón, que no fue consultado con los pobladores, son un calco más cercano a lo que es una urbanización citadina y no al entorno rural en que se desenvolvían.

Con la promesa de una nueva vida estable, también les prometieron trabajo, proyectos productivos, educación, salud… y agua potable. En el caso de Roche, hoy sus habitantes resanan sus casas mal construidas y franquean con un servicio de agua lejos de ser salubre. Sin trabajo y viviendo en el rebusque diario para sostener a sus familias, salen a exigir a la empresa el cumplimiento de sus promesas.

Los que se quedaron y no negociaron, viven con la esperanza de obtener mejores tratos y buscar una vida más digna.

Desarticulación de comunidades

Las comunidades de Las Casitas y Campoalegre, una afrodescendiente y la otra wayúu, convivieron por décadas hasta que la mina llegó al territorio. Con un proceso de reubicación oscuro, amparado en confidencialidades, Las Casitas fue trasladado a pocos kilómetros del municipio de Barrancas. Hoy, en su lugar de origen, solo quedan algunas casas abandonadas en pie y un solo habitante que se ha negado a salir.

La reubicación de Las Casitas ha obligado a Campoalegre a salir en búsqueda de otro pozo de agua, otra escuela, otros socios para reactivar su comercio tradicional.  Ya el tajo lo tienen a la vista y el polvillo del carbón en sus techos y los sembrados de pancoger. En voz baja, ya sus habitantes hablan de retirarse a otras tierras, cerca de la frontera con Venezuela.

ESTA AGUA NOS VIO NACER

Son varios los conceptos de las Altas Cortes emitidos en dirección de la protección del arroyo Bruno y del derecho a la consulta previa de las comunidades afectadas por su desvío. Y aunque se trata de una medida que beneficia a los pobladores, las decisiones han llegado tarde, puesto que las obras ya se encontraban en su fase terminal. La desviación, según la multinacional, es un “acto de protección del afluente del río Ranchería”, pues el tajo La Puente cada vez está más cerca. El detalle olvidado en las declaraciones es que las lagunas de vertimiento de la mina, Porterito y La Puente, dan precisamente al Bruno. Sobre los fallos judiciales, la multinacional advierte: habrá que replantear el plan minero, habrá disminución de la producción y, en consecuencia, habrá menos regalías para la Nación.

Del otro lado de la historia, la comunidad de la Horqueta II, una de las que interpuso la tutela, narra sus tragedias alrededor de la defensa del río que los vio nacer.

¿Quién busca la tierra y el agua?

En la comunidad de El Rocío, el arroyo Bruno no padece los estragos de la huella minera. Aún. Sus habitantes dicen que, en ciertas temporadas, es posible darse a la pesca. Pero es difícil, ya la mina está en fase de expansión y las voladuras se sienten cada vez más cerca.

No es el único problema que sufren quienes habitan allí. Al desvío ya efectivo del arroyo Bruno, pese a las advertencias de la Corte Constitucional, ahora aparecen dueños de todo tipo que reclaman las tierras; gente que asegura tener en su poder las escrituras y toda serie de documentos que comprobarían ser aparentes legítimos derechos, y que, sin pudor, dicen estar adelantando las conversaciones necesarias con Cerrejón para vender los terrenos ancestrales de aquella comunidad.

Como el agua entre las manos

Los habitantes de las comunidades aseguran que la actividad minera se ha llevado al traste varios arroyos y cuerpos de agua. Arroyos como el Oscuro, Bartolito, La Reserva, San Vicente, entre otros, más los que se han modificado para ampliar los tajos, como el Aguas Blancas y Tabaco. El debate más reciente está sobre el arroyo Bruno, pero es solo un caso, ya que Cerrejón cuenta con licencias para intervenir en ocho arroyos más afluentes del río Ranchería.

Para la mina, la necesidad de acuíferos es imperiosa, pues, según los propios ICA (Informes de Cumplimiento Ambiental) de la empresa, usan el líquido para cargar sus vagones, irrigar las pistas y generar neblina para dispersas partículas finas; para el consumo de trabajadores, algunas comunidades y batallones del Ejército. El ICA de 2015 reporta XXX de litros de agua al año, que a vuelo de pájaro significa 48 millones de litros al día.

Aquello llamado Responsabilidad Social Empresarial

Vattenfall es una compañía sueca de capital estatal que compra un gran porcentaje del carbón de Cerrejón. En marzo de 2017, una comisión de la empresa visitó la Baja Guajira para conocer de primera mano las denuncias de las comunidades afectadas por el emprendimiento minero y realizar una evaluación en riesgos en derechos humanos. A la cita se acercaron integrantes de comunidades reasentadas y organizaciones sociales. Las denuncias no se hicieron esperar y la demanda más escuchada fue la salida de Cerrejón de la zona.

El encanto de la resistencia

Con la mina a sus alrededores, la comunidad wayúu de Tamaquito no tuvo otra opción que discutir sobre qué iban a hacer en el futuro. Su espacio ancestral no alcanzaba a entrar dentro de los límites que la normatividad le permite a la mina, pero con la expansión y compra de tierras alrededor quedaron confinadas, sin poder salir a cazar ni a pescar, sin contar con el impacto ambiental directo.

Decidieron de forma conjunta solicitarle a Cerrejón un plan de reasentamiento, con el fin de evitar lo ocurrido con otras comunidades. La clave se su éxito, las formas de solidaridad, comunión y resistencia. No hubo decisión que no se consultase entre todos, incluyendo las voces más jóvenes. Se trató de tres años de negociaciones fuertes, con promesas que Cerrejón aún falta por respetar.

Es el caso más cercano a lo que se puede llamar exitoso.

Un vecino incómodo

Al lado del tajo Oreganal se encuentra el resguardo indígena wayúu de Provincial. En su interior, algunos sectores han visto con buenos ojos algunas acciones de Cerrejón, y otros han sido escépticos y tienen presentes los impactos causados por la explotación minera. A pesar de las diferentes percepciones sobre los efectos de la operación carbonífera, en lo que sí coinciden es en el problema de la contaminación del aire, del agua y las afectaciones en la salud de la población, que no han sido adecuadamente atendidas. Ante ello, la comunidad se enfrenta al dilema de permanecer en su territorio o solicitar lo que no se imaginaban: un reasentamiento involuntario.